REFINERÍA LA PAMPILLA Y GRIFOS DE REPSOL SON VALIOSOS PARA EL
PERÚ
ENUMERACIÓN
DE LOS HECHOS
•Venta de activos de REPSOL (administración de la
refinería de Pampilla, la cadena de estaciones de servicios y la planta
embazadora).
•Intención del Estado en adquirir los activos de REPSOL.
•Pánico del grupo ROMERO socio de la estatal chilena
ENAP.
•Posturas a favor de la compra de activos de REPSOL (Ex
ministro de energías y minas: Carlos Herrera y Ex presidente de PERÚPETRO
Aurelio Ochoa).
IDENTIFICACIÓN
Y PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
La administración de
las acciones deben ser administradas en forma equitativas tanto por el Estado
Peruano como por las empresas privadas y así evitar el aumento excesivo de los
precios de los combustibles, permitiéndoles consensuar en los precios de sus
servicios sin perjudicar ni los intereses comunes ni privados.
La empresa privada
debe administrar las acciones de REPSOL por la experiencia que tienen en el
campo.
La
administración de las acciones debe recaer en las manos del Estado Peruano,
quienes se preocupan en buscar el bien común de toda la población
peruana.
VALORACIÓN,
COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.
Es necesario la
participación de ambos por lo siguiente: las empresas privadas son dueñas de capitales que les permite realizar
grandes inversiones mientras que el Estado Peruano a través leyes regulan los
precios y arbitrariedades de las empresas privadas.
Si bien es cierto que
la empresa privada tiene experiencia y maneja capital, esto puede generar un
monopolio y por lo tanto el incremento excesivo de los precios de los
combustibles siendo los más perjudicados la población peruana.
La administración
total de las acciones por parte del Estado Peruano, puede generar la corrupción
y la burocracia como se ha visto en otros sectores.
SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
La
administración de las acciones deben ser administradas en forma equitativas
tanto por el Estado Peruano como por las empresas privadas y así evitar el
aumento excesivo de los precios de los combustibles, permitiéndoles consensuar
en los precios de sus servicios sin perjudicar ni los intereses comunes ni
privados.
